Si he empezado con este párrafo no ha sido sólo para dejar clara mi opinión desde el principio, que también, sino para tener una prueba directa de que es posible escribir algo así sin que te estalle la cabeza. Porque siguiendo por la prensa el caso de las peticiones de extradición de (presuntos) torturadores franquistas por parte de una juez argentina, empezaba a sospechar lo contrario. El relato que muchos izquierdistas fetén elaboran aprovechando este caso, de un modo más o menos explícito (véanse por ejemplo los comentarios a esta noticia) es el siguiente: la democracia española es una democracia incompleta porque estas violaciones de los derechos humanos quedaron impunes y, si los torturadores finalmente no son extraditados (no lo serán) y puestos en manos de la Justicia argentina, se confirmarán las simpatías franquistas del PP y España estará violando la legalidad internacional. Yo creo que este relato se debe a la ignorancia, en el mejor de los casos, o a un interés irresponsable en deslegitimar nuestras instituciones, en el peor. En lo que sigue explico por qué.
Mi argumento es el siguiente: esas torturas no pueden ser juzgadas porque son delitos que han prescrito y que además fueron amnistiados con la Ley de Amnistía de 1977. Este sencillo argumento es atacado siguiendo dos líneas, una (digamos) jurídica y otra política. La línea jurídica de ataque es que "las torturas franquistas son crímenes de lesa humanidad y como tales no pueden prescribir". Esta confusión, alimentada por juristas de más prestigio internacional que nacional, se apoya en el hecho de que algunos crímenes franquistas de la Guerra Civil y la inmediata posguerra encajan sin duda en la definición de crimen contra la humanidad (si bien, al ser crímenes anteriores a esa definición, no podemos aplicársela por el principio de irretroactividad - tan popular últimamente por la sentencia del TEDH sobre la doctrina Parot). Sin embargo, las torturas franquistas en los años 60-70 difícilmente son crímenes de una gravedad suficiente como para merecer esa consideración. Para entenderlo, basta pensar que en esos mismos años ocurrieron violaciones de los derechos humanos comparables en Portugal, Sudáfrica o en los regímenes comunistas de la Europa del Este que nadie considera crímenes contra la humanidad (distinto es el caso de lo ocurrido en Chile y en Argentina en los 70, pero es que allí fueron a una escala mucho mayor). Esta línea, en definitiva, no se sostiene.
La segunda línea de ataque, la línea política, me parece aún más discutible. Para algunos, los torturadores han de ser juzgados porque la amnistía que les ampara fue una intolerable imposición del régimen anterior y debe ser derogada. Si dejamos de lado el hecho de que incluso si dicha ley fuese derogada esos crímenes habrían prescrito, de modo que para juzgarlos habría que recurrir a la aberración jurídica de aplicar retroactivamente una extensión de su plazo de prescripción (algo que permitría también, llevando la idea al absurdo, juzgar a algún valiente abuelo que hubiera plantado cara al régimen franquista tras la Guerra Civil), para hacer esta afirmación hay que ignorar las circunstancias en las que dicha ley fue aprobada. Pero basta leer la wikipedia para saber que la Ley de Amnistía fue aprobada con un amplio consenso y con el apoyo de la mayor parte de la izquierda parlamentaria incluyendo el PCE, en un ejemplo más de su ejemplar altura de miras durante la Transición (aunque sus herederos ahora no parezcan recordarlo). El entusiasta discurso que pronunció Marcelino Camacho en las Cortes explicando el voto afirmativo del Partido Comunista permite entender el ánimo con el que la ley fue acogida por gran parte de la militancia antifranquista.
Así pues, derogar la Ley de Amnistía no sólo sería un ejercicio inútil para el propósito de juzgar a esos torturadores: supondría además traicionar el acto de generosidad de hombres y mujeres que sufrieron torturas y persecución pero que prefirieron sacrificar sus (comprensibles) deseos de justicia a cambio de lograr la reconciliación nacional. Fue un acto de pragmatismo, una cualidad sólo accesible para aquellos que entienden que hay ocasiones en las que sólo podemos optar por una solución que satisfaga parcialmente algunos de nuestros anhelos: quizás aquellos antifranquistas sabían más de la vida que los nuevos antifranquistas del iPad. Y gracias a esa ley se pudo construir una democracia que puede que tenga defectos, como todas, pero es totalmente homologable con el resto de las democracias europeas (algo que, amigos de la matraca de la democracia formal, no es una mera formalidad: basta repasar la evolución de todos los indicadores de desarrollo de España en los últimos 35 años). Una democracia, en definitiva, en la que ya nadie es juzgado por el bando en el que pelearon sus padres o sus abuelos, a diferencia de lo que ocurría durante los grises años de Franco. Quizás sea hoy un buen día para recordarlo.
(Cuando terminé de escribir estas líneas, con la intención de que aparecieran hoy, supe de la muerte de Mandela. Ojalá algunos de los que elogiarán hoy su imponente legado político y su lucha por la reconciliación en Sudáfrica dediquen un rato a reflexionar sobre la historia reciente de España).
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